A pesar de los alarmantes indicadores económicos, el gobierno de Daniel Noboa no ha implementado medidas efectivas para revertir la crisis.

Para Ecuador, 2024 se define como el año de peor desempeño económico desde la crisis financiera de 1999, esto, si no tomamos en cuenta 2020, en el que la pandemia global de COVID-19 golpeó duramente la economía y sus indicadores. En 2024 la combinación de una profunda recesión, el incremento del narcotráfico y el crimen organizado, la pérdida masiva de empleos, una crisis energética sin precedentes y la reducción progresiva de los ingresos de las familias ha devastado la economía nacional.

Más allá de estos factores, los indicadores económicos reflejan el impacto devastador que ha tenido la crisis en la población ecuatoriana. El deterioro en niveles de pobreza, empleo, inversión y seguridad ha colocado al país en una situación alarmante, generada por la falta de medidas efectivas y políticas públicas adecuadas bajo la gestión del gobierno de Daniel Noboa.

El impacto de la crisis se refleja directamente en los niveles de pobreza. Para finales de 2024, se estima que 5,2 millones de ecuatorianos viven en situación de pobreza y 2,3 millones en pobreza extrema. Estas cifras representan un grave retroceso social y han generado un aumento en la desigualdad y la precarización de la vida de miles de familias.

El mercado laboral también ha sufrido un colapso. Con la informalidad alcanzando el 58 % de la población económicamente activa y el subempleo llegando al 24,4 %, cada vez más ecuatorianos se ven obligados a buscar fuentes de ingreso en condiciones de precariedad, sin estabilidad ni seguridad social. Esto se traduce en una menor capacidad de consumo y un debilitamiento generalizado del sector productivo.

El crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado ha llevado a Ecuador a convertirse en uno de los países más violentos de la región. En 2024, la tasa de homicidios alcanzó los 38,8 por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina. La inseguridad no solo afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que ha deteriorado la confianza de los inversionistas y ha golpeado sectores clave como el turismo y el comercio.

Los cortes de energía eléctrica que duraron varios meses provocaron la pérdida de 249.000 empleos, dejando a miles de familias sin ingresos estables y agravando la crisis social que vive el país.

El crecimiento económico de Ecuador se desplomó, con una contracción del 7 % en el PIB para 2024. Esta caída refleja no solo la crisis interna, sino también la falta de políticas eficaces para impulsar la inversión y la producción. A este decrecimiento se sumó la confirmación, en el tercer trimestre de 2024, de que el Producto Interno Bruto (PIB) había registrado tres trimestres consecutivos de caída, lo que llevó a Ecuador a caer oficialmente en recesión.

Uno de los indicadores más preocupantes es la caída de la inversión extranjera. En 2024, Ecuador registró la menor inversión extranjera desde 2016, con una reducción del 30 % en comparación con 2023. La incertidumbre política y económica, sumada a la falta de incentivos y a la creciente inseguridad, ha alejado a los inversionistas y debilitado las oportunidades de recuperación del país.

A pesar de los alarmantes indicadores económicos, el gobierno de Daniel Noboa no ha implementado medidas efectivas para revertir la crisis. La falta de estrategias para controlar el aumento de la pobreza, estabilizar el mercado laboral y atraer inversión ha profundizado el deterioro de la economía. Además, el manejo deficiente de la crisis energética y la inseguridad ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en todos los sectores. Si bien Ecuador ya venía enfrentando problemas estructurales, la gestión de Noboa ha sido insuficiente para contener la crisis. La ausencia de planes concretos para mejorar la infraestructura energética, incentivar el empleo y fortalecer la seguridad ha contribuido a que 2024 se convierta en el peor año económico en más de dos décadas.

Por otro lado, el riesgo país se redujo en 755 puntos durante 2024, un dato que algunos sectores han celebrado como un logro. Sin embargo, esta reducción beneficia únicamente a los prestamistas internacionales, mientras que la economía real del país sigue en caída libre. Desde los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, Ecuador ha acumulado una creciente deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aplicando las políticas de ajuste impuestas por este organismo. Estas medidas han consistido en reducir el gasto público y destinar cada vez más recursos al pago de la deuda, sacrificando inversión social, infraestructura y programas de desarrollo económico. En lugar de aliviar la crisis, estas decisiones han profundizado la recesión y el deterioro de las condiciones de vida de los ecuatorianos.

El 2024 ha sido un año devastador para Ecuador. La recesión, la crisis energética, la inseguridad y la pérdida de empleo han golpeado fuertemente a la población, aumentando la pobreza y el subempleo. Sin cambios estructurales y políticas públicas efectivas por parte del nuevo gobierno que sea electo, el panorama para los próximos años sigue siendo incierto, dejando a Ecuador en uno de sus momentos más críticos desde la crisis de 1999.