En Ecuador, la impunidad ha sido un desafío persistente en el sistema de justicia penal, erosionando la confianza pública en el Estado de Derecho y socavando los esfuerzos por promover la seguridad y la justicia. En este contexto, el cumplimiento en su totalidad de las penas privativas de libertad emerge como una medida técnica crucial para abordar este problema y fortalecer el sistema judicial.

La ejecución completa de la pena privativa de libertad es un tema técnico de suma importancia en el ámbito de la justicia de nuestro país. A medida que las sociedades buscan sistemas de justicia más efectivos y humanos, la discusión sobre el cumplimiento íntegro de la pena cobra relevancia. Este enfoque implica consideraciones técnicas que van desde la gestión de infraestructuras penitenciarias hasta la implementación de programas de rehabilitación, pasando por la evaluación del riesgo y el progreso individual de las personas privadas de libertad.

A continuación, la octava pregunta (casillero H) del Referéndum y Consulta Popular 2024.

(DECRETO EJECUTIVO No. 162)

Pregunta H: ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?

La cuestión del cumplimiento íntegro de la pena privativa de libertad ha generado un debate amplio y continuo. Mientras algunos argumentan a favor de la flexibilidad en la aplicación de penas, otros sostienen que el cumplimiento completo de la sentencia es fundamental para garantizar la eficacia del sistema y promover la justicia.

Una de las razones fundamentales para abogar por el cumplimiento íntegro de la pena es asegurar que la justicia se aplique de manera equitativa y consistente. Si un individuo es condenado a una pena determinada por un delito específico, el cumplimiento total de esa pena garantiza que se haga justicia tanto para la víctima como para la sociedad en general. Permitir la flexibilidad en el cumplimiento de la pena podría resultar en disparidades injustas entre casos similares, erosionando la confianza en el sistema de justicia.

La impunidad en Ecuador se manifiesta de diversas formas, incluyendo la falta de investigaciones efectivas, la demora en los procesos judiciales y la aplicación inconsistente de las penas. Estos problemas son exacerbados por la corrupción, la falta de recursos y la debilidad institucional en el sistema judicial. Como resultado, muchos delitos quedan sin castigo y las víctimas no reciben la justicia que merecen, lo que socava la confianza en las instituciones estatales y alimenta un ciclo de impunidad.

El cumplimiento en su totalidad de las penas privativas de libertad es una medida técnica que puede contribuir significativamente a abordar la impunidad en Ecuador. Al asegurar que los responsables de cometer delitos cumplan con sus penas de manera completa y efectiva, se envía un mensaje claro de que la ley se aplicará de manera justa y equitativa. Esto puede disuadir a los infractores potenciales y fortalecer la confianza en el sistema judicial.

Sin embargo, el cumplimiento íntegro de penas no está exento de desafíos técnicos. Se requiere una infraestructura penitenciaria adecuada, personal capacitado y programas efectivos de rehabilitación para garantizar que el cumplimiento de la pena sea efectivo y humano. Además, es fundamental abordar las causas subyacentes de la impunidad, como la corrupción y la falta de recursos, para garantizar que el sistema judicial funcione de manera eficaz y equitativa.

El cumplimiento en su totalidad de las penas privativas de libertad puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra la impunidad en Ecuador. Sin embargo, es necesario abordar los desafíos técnicos y estructurales que enfrenta el sistema judicial para garantizar que esta medida sea efectiva y justa. Esto incluye fortalecer las instituciones estatales, combatir la corrupción y garantizar el acceso a la justicia para todas las personas en Ecuador. Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá construir un sistema judicial sólido y garantizar que los responsables de cometer delitos rindan cuentas por sus acciones.