Ecuador enfrenta una de sus peores crisis en materia de seguridad y soberanía, es por ello que se ha propuesto la siguiente pregunta:

DECRETO EJECUTIVO No. 162

Casillero G: ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (I) terrorismo y su financiación, (II) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (III) delincuencia organizada, (IV) asesinato, (V) sicariato, (VI) trata de personas, (VII) secuestro extorsivo, (VIII) tráfico de armas, (IX) lavado de activos y (X) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

La revisión y ajuste de las penas por delitos en Ecuador constituye una tarea de importancia primordial en el ámbito legislativo y judicial del país. En respuesta a la evolución de las dinámicas delictivas y los desafíos contemporáneos en materia de seguridad pública, el Estado ecuatoriano se encuentra inmerso en un proceso continuo de análisis y reforma de su marco normativo penal. Este proceso busca no solo adecuar las sanciones a la gravedad y naturaleza de los delitos, sino también fortalecer la eficacia del sistema de justicia en la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de conductas criminales. En este contexto, la implementación de medidas que incrementen las penas por determinados tipos de delitos emerge como una estrategia clave para disuadir la comisión de infracciones, garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y promover la seguridad jurídica en la sociedad ecuatoriana.

 La necesidad de incrementar las penas por delitos graves se fundamenta en la importancia de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y preservar el orden público. El asesinato, el lavado de activos, el terrorismo, el sicariato y la extorsión representan amenazas graves para la seguridad y la paz social, socavando los cimientos de la convivencia democrática y el Estado de Derecho. Ante estas amenazas, el Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas que disuadan la comisión de tales delitos y aseguren la justicia para las víctimas y sus familias.

 El incremento de penas no solo busca sancionar de manera proporcional la gravedad de los delitos, sino también enviar un mensaje claro de intolerancia frente a conductas criminales que atentan contra los valores fundamentales de la sociedad. Asimismo, el aumento de las penas puede contribuir a desalentar la participación en actividades delictivas, desmantelar organizaciones criminales y promover una cultura de legalidad y respeto al ordenamiento jurídico.

 El incremento de penas por delitos graves como el asesinato, el lavado de activos, el terrorismo, el sicariato y la extorsión puede tener diversos efectos en el sistema de justicia penal ecuatoriano. En primer lugar, puede contribuir a mejorar la efectividad de la acción punitiva del Estado, fortaleciendo la capacidad disuasiva de las sanciones penales y reduciendo la impunidad. Además, puede favorecer la colaboración de la ciudadanía en la prevención y denuncia de delitos, al generar mayor confianza en la capacidad del sistema de justicia para hacer frente a la criminalidad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el incremento de penas no constituye por sí solo una solución integral al problema de la criminalidad. Es necesario complementarlo con políticas públicas orientadas a la prevención del delito, la rehabilitación de infractores, la protección de las víctimas y la promoción de la reinserción social. Asimismo, es fundamental asegurar que las penas sean proporcionales, equitativas y respeten los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

El incremento de penas por delitos graves como el asesinato, el lavado de activos, el terrorismo, el sicariato y la extorsión constituye una medida necesaria y justificada en el contexto jurídico de Ecuador. Esta medida puede contribuir a fortalecer el sistema de justicia penal, disuadir la comisión de conductas criminales y promover la seguridad y la paz social. Sin embargo, es importante acompañarla con políticas integrales que aborden las causas subyacentes de la criminalidad y garanticen el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.