El 11 de agosto, Daniel Noboa firmó un decreto que rearmó la fórmula de subsidios a combustibles. Con esa decisión quedó eliminada la subvención del 40% al jet fuel producido en Ecuador. El anuncio encendió dudas sobre un posible aumento en pasajes ya costosos. La ayuda estatal no aplicaba a todos los vuelos, detalle que muchos desconocían. El reglamento del 26 de junio de 2024 daba el beneficio solo a aeronaves comerciales en aeropuertos DGAC o municipales. Por esa regla, Quito y Guayaquil quedaron fuera del descuento, y las tres terminales de Galápagos tampoco lo recibían. El lunes 18 de agosto, la vocera Carolina Jaramillo salió a calmar el ambiente. Ella aseguró que los pasajes no debían encarecerse. Argumentó que apenas un 6% de las aerolíneas comerciales accedió al combustible subsidiado. Remató con la frase: “No pueden subir los boletos aéreos en este país”. En agosto, Petroecuador vendía el galón de jet fuel a USD 3,49. Un Airbus A320, común en rutas Quito-Guayaquil y hacia la región insular, cargaba 6 300 galones. Ese llenado costaba cerca de USD 22 000. Con esa carga, la nave hacía cuatro idas y vueltas entre Quito y Guayaquil. Las aerolíneas repetían que el combustible era el rubro más pesado de su operación. Para el primer fin de semana de septiembre, Quito-Cuenca ida y vuelta se cotizaba en USD 147 y Guayaquil-Quito rondaba USD 125. Manta-Cuenca con escala en Quito llegaba hasta USD 516 en ida y regreso. En Ecuador operaban 22 aeropuertos en total. Los vuelos internacionales se concentraban en Quito, Guayaquil, Manta y Latacunga, y los otros 18 atendían rutas nacionales. Aunque el Gobierno insistía en que las tarifas no subirían, muchos recordaban que cargas extra en un sector suelen aterrizar en el bolsillo del usuario.