El bloque ADN presentó el 8 de diciembre de 2025 una enmienda para cambiar cómo la Constitución trata a los privados de libertad. El Gobierno de Daniel Noboa insistió en retirar a los presos del artículo 35, donde constan los grupos de atención prioritaria. La idea ya fue intentada en 2024 y la Corte Constitucional dijo que la vía propuesta no era adecuada. Ahora el oficialismo volvió a la carga, esta vez con enmienda y con cuatro ajustes puntuales. El primero busca mantener el artículo 35, pero eliminar la frase personas privadas de libertad. El segundo mueve el artículo 51, sobre derechos de los presos, para ubicarlo después del artículo 78. Con ese cambio, esos derechos saldrían del capítulo de atención prioritaria y pasarían al de derechos de protección. El tercero crea el numeral 78.1 con un ajuste al texto sobre comunicación y visitas. El pasaje quedaría con esta precisión: comunicación y visita de familiares y profesionales del derecho que ejerzan la defensa técnica del privado de la libertad. El cuarto agrega un numeral que dice que las personas privadas de libertad conservan derechos inherentes a la dignidad humana, salvo limitaciones propias de la privación. La asambleísta Lucía Pozo aseguró que con estos cambios no hay regresión de derechos. El trámite arranca en el CAL, controlado por el oficialismo, para su calificación. Después, la Corte Constitucional deberá emitir un dictamen sobre la propuesta. Si la Corte la habilita, la enmienda volverá a la Asamblea para dos debates con tiempos fijados en la Carta Magna. El segundo debate debe realizarse en los 30 días posteriores a que se cumpla un año del primero, por eso el escenario apunta a 2027. Para aprobarse se exige mayoría calificada de 101 votos, lo que obliga a negociar con Revolución Ciudadana y otros bloques. Eso obliga a tender puentes con RC, que hoy luce distante. El 8 de diciembre, el jefe correísta Juan Andrés González dijo que revisarán las propuestas y criticó el diálogo como una mentira. También afirmó que apoyarán lo que beneficie al pueblo ecuatoriano. El anuncio se dio con la crisis carcelaria al tope tras el motín de Machala del domingo 7 de diciembre que dejó 13 muertos por asfixia. Además, hay brotes de tuberculosis en Machala y en la Penitenciaría del Litoral con fallecidos y familias pidiendo ayuda.