Ecuador entra en modo alerta. Este martes, el presidente Guillermo Lasso anunció la renovación del estado de excepción a nivel nacional por un periodo adicional de 30 días. Esto, según el Decreto Ejecutivo 890, en respuesta a una grave conmoción interna que enfrenta el país.

Con el continuo aumento de la violencia y tensiones, especialmente reflejada en hechos como los ocurridos en Durán, este decreto permitirá una mayor intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El objetivo: fortalecer la lucha contra el crimen organizado y combatir la delincuencia común que ha venido afectando la tranquilidad de los ciudadanos.

Dentro de las especificaciones del decreto, se estipula la renovación de la declaratoria de estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano, bajo los mismos términos que se establecieron previamente en agosto. Además, se mantienen las suspensiones de derechos como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, acorde a parámetros dictados por la Corte Constitucional del Ecuador.

Este estado de excepción es una herramienta que busca recuperar el control y la seguridad en el país, y con ello, brindar una mayor protección a la población ecuatoriana. Sin embargo, no está exento de debates y cuestionamientos, poniendo en la palestra la necesidad de equilibrar seguridad y derechos ciudadanos.