El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador está investigando un grave incidente en México que involucra el presunto secuestro de nueve ciudadanos ecuatorianos, quienes formaban parte de un grupo más amplio de 200 personas. Este alarmante caso ha captado la atención internacional y está siendo coordinado estrechamente con las autoridades mexicanas.

El 10 de julio, la Cancillería ecuatoriana confirmó que está al tanto del caso, que inicialmente salió a la luz a través de reportes de medios de comunicación nacionales y fue alertado por la organización 1800 Migrante. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, no se han presentado denuncias formales por parte de los familiares, ni se han recibido reportes en las Direcciones Zonales correspondientes.

El incidente ocurrió el 7 de junio, cuando un tráiler que transportaba a los migrantes hacia la ciudad fronteriza de Sonoyta, en el estado de Chihuahua, sufrió un desperfecto técnico. Esto obligó a los migrantes a descender y caminar hasta un punto de encuentro preestablecido, donde fueron supuestamente abandonados y posteriormente secuestrados por grupos de delincuencia organizada.

La Cancillería ha movilizado recursos e informado al Cónsul de Ecuador en Phoenix para que inicie las gestiones necesarias con las autoridades mexicanas, buscando confirmar los detalles del caso y proporcionar la asistencia requerida a los afectados. Sin embargo, las familias de los secuestrados han enfrentado una situación desesperada, siendo forzadas a pagar rescates que ascienden a más de USD 10,000 sin lograr la liberación de sus seres queridos. Según informes, los delincuentes aún exigen más dinero.

Las denuncias de extorsión y la aparente inacción de las autoridades mexicanas han intensificado el clamor por una respuesta más firme y efectiva. Las familias afectadas expresan una profunda frustración y desesperanza ante la falta de apoyo efectivo, sintiéndose abandonadas en su hora más oscura.

Este caso subraya la vulnerabilidad de los migrantes en rutas peligrosas y la necesidad urgente de cooperación internacional para proteger sus derechos y seguridad. El Gobierno de Ecuador, a través de su Cancillería, reafirma su compromiso de seguir trabajando incansablemente para resolver este caso y asegurar el bienestar de sus ciudadanos en el extranjero.