Safety Enforcement Seguridad Vial, la empresa concesionaria del servicio de fotorradares en Ambato, ha sido objeto de una sanción legal por su falta de transparencia y la imposición arbitraria de multas. El proceso, iniciado hace dos años, ha llegado a un punto crítico con un fallo judicial que resalta la negativa de la empresa a proporcionar información vital para el registro adecuado de las multas generadas por uno de los fotorradares en la Av. Bolivariana. Este incumplimiento ha resultado en la recaudación de miles de dólares de manera ilegal, generando preocupación e indignación a nivel local y nacional.

El fallo, emitido por un juez constitucional, destaca la falta de transparencia de la empresa y su impacto en la comunidad. La jueza titular Dra. Ana Quinteros ha convocado a una audiencia para discutir el cumplimiento de esta decisión el próximo viernes 5 de abril del 2024. Este proceso se desarrollará en la sala número 211 de la Torre 2 del complejo judicial ubicado en la Av. Cervantes de Ambato.

Este escándalo no es nuevo, ya que se señala un contrato viciado y lleno de irregularidades que han afectado a los ciudadanos durante más de una década. Robinson Loaiza, ex concejal de Ambato, ha denunciado repetidamente las acciones y omisiones de las autoridades que han permitido estas prácticas. El objetivo de esta lucha ciudadana es exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos.