La justicia ecuatoriana podría entrar en una etapa de emergencia total con una reforma que ya está lista y solo espera el visto bueno del presidente Daniel Noboa. La Ley de Integridad Pública permitiría ingresar jueces sin concurso y sacar a otros tras evaluaciones exprés. Todo esto bajo la gestión de Mario Godoy, quien sigue como presidente prorrogado del Consejo de la Judicatura desde enero. El Gobierno no ha podido completar la terna que debe enviar Noboa, y el proceso se ha enredado con devoluciones de listas, inhabilidades y hasta supuestos favoritismos. Mientras tanto, Godoy se mantiene en el cargo sin fecha de salida. Si la ley entra en vigencia, el Consejo —que ahora solo tiene tres miembros— podría tomar decisiones sin mayor oposición. El abogado penalista Julio César Cueva advierte que esto parece una jugada peligrosa para controlar jueces. Dice que se podría repetir el modelo de 2011, donde se cambió a casi toda la función judicial. Cueva teme que se interrumpan juicios y se creen más trabas. Por su parte, el catedrático Pablo Játiva dice que el caos con las ternas huele a manipulación política. Asegura que los nuevos “jueces golondrina” entrarían sin mérito y serían manejables desde el poder. También cree que esta reforma agudiza los problemas de independencia judicial. En cambio, el asambleísta oficialista Andrés Castillo defiende la ley. Dice que ahora se podrán evaluar jueces con criterios objetivos. Según él, la idea es sacar a los que no cumplen y fortalecer el sistema. Pero las críticas no paran, sobre todo porque esta emergencia llega en medio de una Judicatura incompleta y dividida. Todo parece indicar que se abrirá la puerta a contrataciones urgentes, reasignación de fondos y cambios internos rápidos. Mientras tanto, los ciudadanos se preguntan: ¿se está reformando la justicia o controlándola?