El sábado 7 de junio por la noche, con 84 votos a favor, se aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, y el Gobierno del presidente Daniel Noboa no perdió tiempo en festejar. La norma llega como un arma más para enfrentar al crimen organizado que azota al país. El ministro del Interior, John Reimberg, fue el primero en lanzar su grito de victoria con un “¡Nada ni nadie nos detiene!” en redes sociales. Según él, esta ley ataca directamente el bolsillo de las mafias. Desde el Ministerio de Defensa también aplaudieron la medida y la calificaron como una “herramienta de esperanza”. Esta nueva normativa busca meter presión total a las bandas con cárcel obligatoria para quienes cometan delitos ligados al crimen organizado. Además, se contempla la creación de jueces y fiscales especializados para estos casos. La ley también facilita decomisos de bienes y dinero, destinados a reforzar la seguridad del país. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, no se quedó atrás y lanzó un llamado para que jueces y fiscales se alineen al plan. “La impunidad no tiene cabida en el nuevo Ecuador”, dijo. Esta aprobación no estuvo libre de tensiones políticas. Seis asambleístas de Pachakutik votaron a favor del Gobierno, desafiando a su propia dirigencia. Aunque hubo 46 votos en contra, la ley avanzó con apoyo de distintos bloques. Llega justo en un momento donde la violencia crece en el país. Se estima que la tasa de homicidios podría llegar a 53 por cada 100 mil habitantes en 2025. Las Fuerzas Armadas, que lideran el “Bloque de Seguridad”, jugarán un rol vital en aplicar esta ley. El Ejecutivo espera que esta norma marque un antes y un después. Las autoridades consideran que es una respuesta firme frente al conflicto interno. La ciudadanía observa con expectativa los resultados. Ahora el reto será su aplicación en tribunales.