El Pleno de la Asamblea instaló la sesión la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025 en Quito. El debate de la proforma del PGE 2026 y la programación 2026-2029 arrancó pasadas las 13:00. Tras tres horas y media, el Legislativo aprobó el documento. Hubo 148 presentes y la votación cerró con 78 a favor, 66 en contra y 4 abstenciones. La reconsideración fracasó por falta de votos. El informe base fue el de la Comisión de Régimen Económico del 22 de noviembre, enviado por su presidenta, Nathaly Farinango. El Ejecutivo proyectó para 2026 un PIB nominal de USD 139.046 millones y un crecimiento real de 1,8%. En petróleo se estimó 165,5 millones de barriles con un precio promedio de USD 53,50 por barril. Los ingresos totales quedaron en USD 46.255 millones, con USD 21.679 millones corrientes y USD 8.470 millones de capital, más USD 16.104 millones de financiamiento. Los egresos se fijaron en USD 46.255 millones, con USD 23.482 millones corrientes, USD 1.764 millones para inversión y USD 10.495 millones de gasto de capital. El déficit global se calculó en USD 5.413 millones. De ese total, USD 1.802 millones fueron permanentes y USD 3.611 millones no permanentes. La aplicación de financiamiento para cubrir obligaciones llegó a USD 10.512 millones, incluidos USD 8.351 millones de amortización de deuda pública. Las transferencias y donaciones corrientes sumaron USD 6.252 millones, con USD 1.844 millones para bonos sociales y USD 3.852 millones para IESS, ISSFA e ISSPOL. El Plan Anual de Inversiones ascendió a USD 2.181 millones en 388 proyectos priorizados en energía, desarrollo humano, seguridad y gestión pública. Los GAD recibirán USD 4.113 millones, con transferencias a la Circunscripción Territorial Amazónica. Se confirmaron las preasignaciones obligatorias para educación y salud, con incrementos de USD 695 millones en cada sector. Doce legisladores intervinieron en un cruce de argumentos que marcó la tarde. Desde RC, Mónica Alemán alegó vicios y advirtió prioridad al pago de deuda, mientras Mario Zambrano de ADN aseguró que la educación superior subió USD 59 millones. También hubo críticas de Alfredo Serrano por un presupuesto que llamó inejecutable y la réplica del independiente Sergio Peña, quien defendió que el plan apuntó a las causas del delito.