Este martes, la Asamblea Nacional se convirtió en el escenario de un intenso debate sobre el proyecto de la Ley Orgánica de Seguridad Digital. La propuesta, que contempla la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Digital junto con subsistemas de ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia y ciberdiplomacia, busca fortalecer la protección contra las amenazas digitales.

El debate fue suspendido pasadas las 18:00, después de escuchar a diversos expertos en seguridad digital, lo que pone en evidencia la complejidad y la polarización de opiniones respecto al tema. Entre los puntos más controvertidos está la presidencia del Sistema Nacional de Seguridad Digital, que según la propuesta actual, estaría liderada por el Ministerio del Interior, una decisión que ha generado disconformidad entre varias entidades tecnológicas del país.

Las organizaciones han expresado su preocupación por las modificaciones introducidas en el informe para segundo debate, argumentando que desnaturalizan el objetivo original del proyecto y podrían comprometer la soberanía digital del país. Asimismo, el proyecto establece sanciones que van desde multas hasta máximos de 100 salarios básicos unificados, lo que ha levantado inquietudes sobre las posibles repercusiones para las entidades involucradas.

Este proyecto no solo afecta al sector público, sino que también implica obligaciones significativas para el sector privado, con definiciones aún vagas que aumentan la incertidumbre entre los proveedores de servicios digitales. La ley promete ser un cambio significativo en cómo Ecuador maneja la seguridad en el ámbito digital, pero aún queda un largo camino por recorrer en términos de consenso y clarificación de términos.