Cuando se sospecha de una mala práctica médica en Ecuador, los familiares de la víctima tienen varias opciones legales para denunciar. El tema volvió a tomar fuerza tras la muerte de Luis Alarcón, ocurrida el 2 de abril de 2026 luego de un procedimiento odontológico en Quito. Ese caso abrió nuevamente el debate sobre qué hacer cuando una atención médica termina en un desenlace fatal. Una de las rutas más usadas es la vía penal. Esta arranca con una denuncia ante la Fiscalía. La denuncia puede presentarse de forma oral o escrita. No es obligatorio acudir con abogado, aunque los especialistas recomiendan hacerlo desde el inicio. Según abogados consultados en la nota, los hechos podrían investigarse como homicidio culposo por mala práctica profesional o como lesiones causadas por mala práctica. En casos de muerte, el artículo 146 del COIP contempla penas de uno a cinco años de prisión. Además, también puede existir inhabilitación profesional para el responsable. Si la Fiscalía formula cargos, los familiares pueden presentar una acusación particular. Con eso, pasan a intervenir de forma más activa dentro del proceso judicial. Si no lo hacen, no pierden el derecho a una reparación integral. Pero su participación se reduce y el impulso del caso queda sobre todo en manos de la Fiscalía. Otra opción es la vía civil. En este camino se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Allí se pueden pedir valores por daño material, lucro cesante y daño moral. La responsabilidad puede alcanzar al profesional de salud y también al establecimiento que lo contrató. También existe la vía administrativa, que se presenta ante entidades como el Ministerio de Salud Pública o la Senescyt. Ese proceso puede terminar en sanciones como suspensiones o incluso la revocatoria del título del profesional. Si el hecho ocurrió en un hospital público o en una entidad como el IESS, también se puede exigir responsabilidad del Estado por la vía contencioso-administrativa.