El cable submarino que provee gran parte del internet en Ecuador no solo representa un avance tecnológico crucial, sino también un foco constante de cuestionamientos legales y éticos. Esta infraestructura, instalada en 2015, consta de 7 000 kilómetros de fibra óptica y cobre, y conecta al país con centros de datos en Estados Unidos. Aunque es operado por varias empresas, la participación mayoritaria de Cable Andino S. A., filial de Telconet, lo ha puesto en el ojo del huracán.

Desde su inauguración, el proyecto ha sido objeto de investigaciones y señalamientos. Según un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) de 2019, la adjudicación inicial del cable presentó graves irregularidades. Entre las más destacadas, se mencionó que no se validaron los datos proporcionados por Cable Andino y que la empresa no reportó utilidades ni pagó al Estado las regalías correspondientes, estimadas en al menos cuatro millones de dólares entre 2015 y 2018.

Además, el informe evidenció que la familia Topic, propietaria de Telconet, está vinculada a depósitos sospechosos relacionados con casos de corrupción. La Fiscalía reveló que, en el marco del caso Sobornos 2012-2016, la empresa china Glory transfirió 13,5 millones de dólares a cuentas de los Topic, supuestamente para financiar el cable submarino. Aunque este dinero fue devuelto inicialmente al Estado, un fallo judicial posterior permitió que la familia lo recuperara, generando un intenso debate.

La inauguración de este proyecto en noviembre de 2014 fue un evento mediático encabezado por Tomislav Topic y el entonces vicepresidente Jorge Glas. En su momento, fue presentado como un hito en el desarrollo tecnológico del país, pero hoy es percibido por muchos como un símbolo de irregularidades en la gestión pública y privada.

A pesar de los beneficios que ofrece el cable submarino, como una mayor conectividad y velocidad de internet, las acusaciones de evasión de regalías y sus vínculos con escándalos de corrupción han mermado su imagen. Para el futuro, la operación de esta infraestructura seguirá siendo monitoreada por las autoridades, mientras los cuestionamientos sobre su manejo no cesan.