La violencia no da tregua en Camilo Ponce Enríquez, cantón de la provincia de Azuay, que se ha convertido en el epicentro de una guerra entre grupos armados organizados. Este martes 13 de agosto, el cantón amaneció con la noticia de una nueva masacre, la sexta registrada en lo que va del año. En esta ocasión, el saldo preliminar es de cinco fallecidos y tres heridos, aunque fuentes no oficiales del Ejército han señalado que la cifra podría superar la decena de víctimas.

El violento enfrentamiento tuvo lugar en una mina del sector Tama, situada entre los recintos La Independencia y Bella Rica, zonas conocidas por su intensa actividad minera y también por ser un terreno disputado por grupos criminales. Según la Policía Nacional, el incidente estaría vinculado a la disputa por el control de la extracción de oro entre los grupos delincuenciales conocidos como Los Lobos y su facción, Los Lobos Box. Estas organizaciones se han apoderado de la zona, extorsionando a los mineros y comerciantes locales bajo amenazas de violencia.

La situación en Camilo Ponce Enríquez ha alcanzado niveles críticos. El pasado 8 de agosto, el cantón fue incluido entre las 20 jurisdicciones bajo toque de queda, en un intento por contener la violencia. Sin embargo, los constantes enfrentamientos, secuestros, torturas y asesinatos han sembrado el terror entre los 25,000 habitantes de la localidad. La Cámara Nacional de la Minería ha reportado que de las 250 minas que operan en el cantón, solo 80 cuentan con permisos legales, y de estas, 50 son extorsionadas por los grupos criminales.

La violencia ligada a la minería en Camilo Ponce Enríquez no es un fenómeno nuevo, pero ha empeorado en los últimos años. En junio y julio de 2024, se reportaron múltiples hallazgos de cuerpos incinerados y desmembrados en diferentes minas del cantón. El 24 de junio, dos cadáveres fueron abandonados en La Independencia, y tres días después, se confirmó que ocho cuerpos fueron incinerados en la mina Estrella de Oro. Estos incidentes reflejan el nivel de crueldad con el que operan estos grupos armados, que se han adueñado del territorio desde su incursión en 2021.

La comunidad vive en constante miedo, y la violencia ha obligado a varias entidades a cesar sus operaciones en la zona. Tal es el caso de la oficina técnica del Ministerio del Ambiente, que suspendió sus actividades debido al riesgo de represalias.

El último ataque en el sector Tama es un recordatorio brutal de la grave situación de seguridad que enfrenta Camilo Ponce Enríquez. La presencia del Estado es insuficiente, y los grupos criminales continúan actuando con impunidad, dejando un rastro de sangre y destrucción en su camino.