Ocho años después, el caso Nos Faltan 3 vuelve a poner al Estado contra la pared. Este lunes 4 de mayo de 2026 vence el plazo que fijó la Corte Constitucional para que el Cosepe entregue la información íntegra desclasificada sobre el secuestro y asesinato del equipo de diario El Comercio. La decisión judicial fue emitida el 16 de abril. El caso se remonta al secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra en 2018. En mayo de 2024, el Gobierno entregó archivos desclasificados a las familias. Pero esa entrega llegó con vacíos. Según la Corte, la documentación enviada al tribunal no coincide con la que recibieron los familiares. Además, se detectaron diferencias y posibles omisiones en partes de las actas, láminas, cronologías y secciones sobre decisiones tomadas durante el secuestro. Por eso, el reclamo por verdad y acceso completo a la información sigue abierto. El plazo pone otra vez este caso en el centro del debate público.

En su resolución de seguimiento, la Corte ordenó dos acciones concretas al Cosepe. La primera es convocar a una diligencia presencial con los familiares de las víctimas. La segunda es poner a disposición toda la documentación íntegra del caso. Ahí deben constar las actas 18, 19 y 20 de 2018. También deben incluirse los audios, las transcripciones y la lista de asistentes a esas sesiones. La revisión debe permitir que los familiares accedan a una versión completa y no fragmentada. El colectivo Nos Faltan 3 advirtió que el incumplimiento puede abrir la puerta a sanciones para las autoridades responsables. Expreso reportó este 4 de mayo que la Corte ya declaró incumplimiento del Cosepe en la entrega de la información desclasificada. Así, el reloj judicial llegó a un punto crítico para un caso que sigue doliendo al país. La gran pregunta ahora es si el Estado entregará por fin todo lo que aún falta.