En medio del juicio político en su contra, la exministra de Energía, Andrea Arrobo, presentó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dos oficios cruciales que muestran cómo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) solicitó recursos para el mantenimiento urgente de sus plantas generadoras, pero el Gobierno nunca respondió. Estos documentos reflejan la grave situación financiera de la empresa pública encargada de la generación y transmisión de electricidad en el país.

En un oficio fechado el 16 de enero de 2024, el Gerente de Celec informó que la empresa estaba "sin los recursos suficientes para la operación y mantenimiento de su parque generador y su sistema de transmisión". Además, alertó que el Ministerio de Economía, al no otorgar los fondos solicitados, se hacía corresponsable de la falta de disponibilidad de las centrales eléctricas y de cualquier posible afectación en el suministro de energía eléctrica en el país. Este oficio, firmado por la exministra Arrobo, subraya que la falta de recursos impediría el funcionamiento adecuado de las centrales y pondría en peligro importantes proyectos, tanto de generación como de infraestructura.

En otro documento fechado el 28 de marzo de 2024, Arrobo solicitó una transferencia de recursos por USD 18 millones para la ampliación de subestaciones en varios puntos estratégicos, como Taday, Durán, Posorja, Esclusas, Salitral y Esmeraldas. A pesar de la urgencia de estas solicitudes, la respuesta del Ministerio de Economía fue tardía e insuficiente, según lo señalado por la exministra. Esta falta de inversión en el sistema eléctrico contribuyó a la crisis energética que afectó al país, llevando incluso a apagones de hasta 14 horas diarias en algunas zonas.

Una de las principales críticas del actual Gobierno ha sido hacia las administraciones anteriores, a las que acusa de haber descuidado el mantenimiento del sistema eléctrico. Sin embargo, Arrobo ha señalado que, bajo el régimen de Daniel Noboa, tampoco se tomaron decisiones oportunas para solventar la crisis. Según la exministra, a partir de noviembre de 2023, cuando asumió la cartera de Energía, intentó con rapidez gestionar los recursos necesarios para evitar mayores apagones en el segundo semestre de 2024. A pesar de sus esfuerzos, el proceso burocrático y la falta de recursos fueron obstáculos constantes.

En su defensa, Arrobo presentó 26 pruebas ante la Comisión de Fiscalización, entre ellas un video de una reunión del directorio de Celec realizada el 31 de enero de 2024. En esa sesión, se discutió ampliamente la situación crítica del parque generador de energía, y Luque, según Arrobo, estaba al tanto de las prioridades y de las medidas urgentes que debía tomar el Gobierno.

Los documentos también exponen que, a pesar de las dificultades, el proceso de contratación para generar energía de manera temporal (a través de plantas termoeléctricas) se estaba gestionando con celeridad. Sin embargo, las soluciones emergentes, como la contratación de una barcaza generadora de electricidad, resultaron ser ineficaces, ya que no lograron generar la cantidad de energía requerida, lo que generó mayores complicaciones.

Arrobo ha insistido en que varios miembros del gabinete de Noboa fueron informados a tiempo sobre la grave situación del sector eléctrico, incluyendo a los ministros de Defensa, Interior y Ambiente, quienes participaron en reuniones clave. Sin embargo, el Gobierno optó por soluciones que, según la exministra, no fueron las más eficaces.

Con el proceso de juicio político en curso, las pruebas entregadas por Arrobo serán evaluadas por la Comisión de Fiscalización para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la crisis energética. El futuro del sistema eléctrico del país depende de decisiones rápidas y efectivas, algo que, hasta ahora, no ha sido suficientemente claro.