El Consejo Nacional Electoral aprobó el sábado 6 de septiembre una resolución sobre el movimiento Renovación Total, lista 33. Con esa resolución decidió enviar un informe al Tribunal Contencioso Electoral. El documento certificó que RETO no presentó los informes económicos y financieros del ejercicio fiscal 2024. Además, los vocales detallaron que la organización no empleó el sistema contable del financiamiento de la política. Esa falla habría impedido controlar con precisión ingresos y egresos del movimiento durante 2024. Ese fue el año de campaña electoral y elección de autoridades. La decisión fue adoptada con cuatro votos afirmativos en el pleno del CNE. La organización presidida por el asambleísta Raúl Chávez integró alianza con Revolución Ciudadana en las últimas presidenciales. En esa contienda respaldó a la candidata Luisa González. El caso pasó al TCE para que determine responsabilidades y eventuales castigos. El Código de la Democracia prevé multas de 20 a 70 salarios básicos unificados por infracciones de financiamiento y gasto electoral. También prevé la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. La normativa permite además la cancelación del registro de la organización, de ser el caso. De confirmarse faltas, las sanciones podrían alcanzar al presidente de RETO por su calidad de representante legal. Hasta la tarde del 8 de septiembre, Raúl Chávez no se pronunció públicamente sobre la posible infracción. Desde Revolución Ciudadana, el asambleísta Luis Fernando Molina habló de persecución contra RETO. El legislador aseguró que esa presión también se veía contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Sostuvo que actores que perdieron en urnas buscaban una “justicia electoral” alineada para sacar del juego a opositores. En el expediente constaron los respaldos y observaciones legales que sustentaron el envío del informe. El TCE deberá tramitar el proceso y resolver lo que corresponda con base en la ley.