Este martes se realizó en Quito la marcha encabezada por D. Noboa contra la Corte Constitucional. El Gobierno defendió la movilización y volvió a criticar al alto tribunal por suspender artículos claves para su plan de seguridad. Juristas, políticos y activistas advirtieron sobre un giro autoritario del Ejecutivo. Asistieron miles de personas de varias provincias, con denuncias de presencia de funcionarios públicos. En la protesta se exhibieron pancartas con rostros y nombres de los jueces. Para varios críticos esa puesta en escena recordó prácticas del correísmo. El abogado S. Zaidán afirmó que “R. Correa y D. Noboa son idénticos”. M. Alarcón-Salvador cuestionó a quienes antes rechazaban estas prácticas y hoy las justifican. H. Cucalón calificó como aberrante mostrar a los jueces en afiches. F. Simon dijo que es deleznable señalar a los magistrados como los que “roban la paz”. El constitucionalista A. Gómez Valdiviezo alertó que debilitar instituciones deja a la gente sin amparo. Recordó que la democracia se sostiene fortaleciendo sus contrapesos. La abogada M. Miño sostuvo que el autoritarismo no rinde a largo plazo y pasa factura. J. Albán habló de una “República de la incoherencia” por los cambios de postura. Desde el Gobierno, el ministro G. Loffredo defendió la marcha y acusó a la Corte de estorbar al bloque de seguridad. Sobre las pancartas, G. Loffredo dijo que los jueces deben “dar la cara” y explicar decisiones. El ministro J. Reimberg aseguró que los magistrados favorecen a grupos delincuenciales y que la marcha fue pacífica. E. Bedoya del FUT advirtió que el Presidente pone en riesgo la vida democrática y usó recursos públicos. La vocera C. Jaramillo negó financiamiento estatal de lonas y vallas, pese a dudas por la logística. Organismos como Human Rights Watch y una relatora de la ONU expresaron preocupación, mientras el debate sobre seguridad e institucionalidad sigue abierto.