El consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas en Ecuador enfrentará un incremento de costos a partir del 1 de mayo de 2024, debido a un fallo judicial que revoca un decreto presidencial anterior que buscaba reducir el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en estos productos. La decisión, emitida por la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia, ha dejado a la industria y a los consumidores en un estado de incertidumbre y preocupación.

La controversia comenzó cuando el presidente Guillermo Lasso, mediante el Decreto 645, redujo las tarifas de ICE para licores, cervezas y gaseosas en un intento por combatir el contrabando. Sin embargo, esta medida fue rápidamente contestada por organizaciones sociales y colectivos de salud pública, quienes argumentaron que los productos beneficiados son perjudiciales para la salud y promovieron una acción de protección para revertir el decreto.

El fallo judicial no solo ha anulado el Decreto 645 sino que también ha sembrado dudas sobre las tarifas aplicables a partir de ahora. Según la abogada tributaria Yael Fierro, mientras el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha ajustado las tarifas para 2024, el fallo crea un vacío legal respecto a qué tarifas deben aplicarse, pudiendo revertirse a los niveles más altos previstos antes de la intervención de Lasso.

El impacto de esta decisión es multifacético. Por un lado, se espera que el incremento en los precios reduzca el consumo de estos productos, en línea con los objetivos de salud pública. Por otro lado, existe una preocupación significativa sobre el aumento del contrabando y los efectos negativos en la economía local, especialmente para los pequeños comerciantes y tenderos que ya enfrentan desafíos económicos significativos.

Además, la sentencia ha sido criticada por exceder las competencias de la Sala de la Niñez, con expertos argumentando que solo la Corte Constitucional tiene la autoridad para observar y anular decretos presidenciales. Esta situación no solo plantea un problema legal sino que también agrava la inseguridad jurídica en el país, afectando la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado.

En conclusión, mientras el fallo busca proteger la salud pública, sus consecuencias podrían tener un efecto dominó en la economía y en la estructura legal del Ecuador, lo que requiere una revisión cuidadosa y posiblemente, una intervención de la Corte Constitucional para clarificar y resolver el impasse creado.