En pocos días más acudiremos a las urnas, a decidir sobre un total de 11 preguntas, una de reforma parcial a la Constitución sobre la participación militar en la lucha antidelincuencial y preparada por la Asamblea Nacional, cuatro de referendo con enmiendas constitucionales, que tranquilamente pueden resolverse en la Asamblea, y seis de consulta popular, estas últimas representan reformas al COIP, por lo que igual podían resolverse en el Parlamento, y que por cierto, ya se encontraban en tratamiento, pero no se les dio paso por parte de la bancada gobiernista, para no dejarle sin piso a la Consulta.

En esencia ningún ecuatoriano estaría en contra de la mayoría de las preguntas, pues se trata de obviedades, son “gancho”, sin embargo, las preguntas D y E del referendo, son altamente perniciosas para la mayoría de ecuatorianos.  La pregunta E, que se refiere al trabajo por horas, esto es precarización laboral, con ella se quiere alcanzar el viejo sueño de las élites empresariales de bajar salarios “para ser competitivos”, poniendo en riesgo a los que gozan de  trabajo fijo y luego, para esos puestos, se podría contratar a las mismas personas u otras, pero por horas y sin todos los beneficios de ley. Se elimina de plano la jubilación patronal y el empleo a mujeres embarazadas.  Además se oculta que en la actualidad sí es permitido el trabajo parcial (media jornada), pero con el reconocimiento de todos los derechos.  

La pregunta D no es menos perniciosa, se refiere a que, con el pretexto de atraer inversión extranjera, se acepten arbitrajes internacionales, de manera que grandes transnacionales, en especial petroleras y mineras, puedan demandar al Ecuador en casos de controversias, sometiéndolas a comités de arbitraje que no están compuestos por jueces, sino por “expertos” usual y extrañamente cercanos a las transnacionales. Al Ecuador estos arbitrajes le costaron en el pasado alrededor de $1300 millones, y en este año si se aprobara la pregunta E, podríamos pagar más de $2000 millones a Texaco-Chevron, que contaminó la Amazonia y afectó la vida de miles de compatriotas. Cabe señalar también que en estos arbitrajes, los estados no pueden demandar, solo las empresas transnacionales.

Los problemas de inseguridad no se van a resolver ganando el SÍ, necesitamos verdaderas políticas públicas con inversión, no solo para profesionalizar y equipar a la Policía y FFAA, sino también atacando las causas, invirtiendo en salud, educación, generando empleo mediante obra pública que no existe, etc. y el gobierno de Noboa insiste en reducir el tamaño del estado, es decir hace exactamente lo contrario a lo que se necesita.

Pensemos que si los militares están en las calles, es porque eso es posible, siempre lo fue, lo que haría la consulta es solamente reafirmarlo o establecer una normativa más clara, pero preguntémonos por qué si se está combatiendo al crimen organizado,  no se han militarizado los puertos estatales y privados, por donde sigue saliendo la droga en grandes cantidades, en especial en exportaciones de banano.  

En resumen, debemos decir NO a las preguntas D y E, para el resto no era necesaria una consulta, se pierde tiempo y dinero. Son más de $60 millones y al menos seis meses, en algo que se podía hacer entre 60 y 90 días.

Compatriotas, antes de votar, lean los anexos, ahí se esconde el engaño en las preguntas D y E, y no olviden que el presidente Noboa, lo que quiere además de beneficiar a sus empresas con la precarización laboral y los arbitrajes internacionales, es medir su popularidad con fines electorales por su pretendida reelección en el 2025.