Este martes 5 de agosto de 2025, el contralor General del Estado, Mauricio Torres, llegó a la Asamblea para entregar informes sobre contratos fallidos con las empresas Progen y ATM. Según explicó en su intervención de hora y media, se detectaron graves irregularidades. Con Progen, el perjuicio sería de USD 100.000 por instalaciones de generadores en Quevedo y El Salitral. Aunque no dio nombres por temas legales, apuntó a los gerentes de Celec, ElectroGuayas y TermoPichincha. Torres señaló que ellos fueron responsables directos en la adjudicación de contratos. Aclaró que las decisiones no pasaron por ministros, pero no descartó que Fiscalía descubra más implicados. En el caso de ATM, se pagaron USD 53 millones por una planta eléctrica que no funciona. Celec incluso hizo inspecciones por videollamada, lo que levanta más sospechas. En plena sesión, la legisladora Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, se quejó de que no se aceptó un juicio político contra la ministra de Energía. Su intento fue frenado por el CAL. Por su parte, Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, recalcó que habrá control y sanción. “Aquí no hay impunidad para nadie”, dijo frente a sus colegas. Los informes ahora están en manos de los asambleístas para su análisis. Los documentos revelan posibles violaciones de normas y procedimientos. También se detallan delegaciones indebidas de funciones dentro de Celec. La Asamblea decidirá los próximos pasos. La Contraloría mantiene abiertas otras investigaciones similares. Este caso destapa una cadena de decisiones cuestionables en el sector eléctrico. Hay expectativa por los resultados de las indagaciones penales. La ciudadanía exige respuestas claras. Y las autoridades prometen no dejar cabos sueltos.