Rafael Correa y Luisa González se niegan a aceptar la derrota en las elecciones presidenciales del 13 de abril. Cuando ya estaba por cerrar el plazo legal, casi a la medianoche del miércoles 30 de abril, presentaron su última impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En la semana previa, ya habían hecho cinco reclamos formales que fueron rechazados por falta de evidencias, según informó el CNE. Esta vez ingresaron más de 15 mil actas que, aseguran, tienen inconsistencias numéricas. Francisco Estarellas, abogado de la Revolución Ciudadana, declaró que siguen contando una por una. El CNE trabajó hasta las dos de la madrugada revisando los documentos. Luisa González también usó sus redes sociales para denunciar fraude y hablar de fallas en el conteo. Lo curioso es que su movimiento político tuvo veedores en todas las mesas del país. Horas antes, Correa pidió en entrevistas que sus seguidores exijan abrir las urnas. En Quito, un pequeño grupo de simpatizantes se reunió frente al CNE, pero sin presencia de figuras importantes. El Consejo debe ahora decidir sobre esta última queja, y luego el caso pasará al Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia. Hasta que no se resuelva, el CNE no podrá proclamar oficialmente al nuevo presidente. La tensión sigue creciendo entre acusaciones, reclamos y actas llenas de números. Los ánimos están caldeados y la Revolución Ciudadana insiste en que hubo trampa. No han mostrado pruebas contundentes, pero aseguran que seguirán peleando hasta el final. La incertidumbre se mantiene mientras el país espera una respuesta definitiva.