La Corte Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por Contecon Guayaquil contra varios artículos de la Ley General de Puertos y su Reglamento. La decisión fue adoptada por la Sala de Admisión en sesión del 12 de septiembre de 2025. La demanda ingresó el 23 de abril, luego de que la operadora reportara la salida de dos navieras y una fuerte caída de carga en 2024, situación que atribuyó a “competencia desleal” y a “menores costos regulatorios” en terminales privadas.

Contecon argumentó que las normas impugnadas vulneran los artículos 314, 316 y 424 de la Constitución, al permitir delegar servicios portuarios a privados mediante simples autorizaciones administrativas. La compañía sostuvo que aún rige una ley de 1976 frente a una Constitución vigente desde 2008, lo que debería actualizarse. Además, señaló que el sistema actual configura una “delegación preferente al sector privado” que, según su postura, quebraría el esquema constitucional e incluso calificó como un posible “fraude constitucional”.

La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) rechazó la demanda y la calificó de improcedente, infundada y peligrosa para la economía, recordando que los puertos privados manejan cerca del 50% de la carga no petrolera y contenerizada del país. Tras verificar los requisitos formales, la Corte consideró que la acción cumplía con claridad, pertinencia y fundamentación, por lo que fue admitida sin pronunciamiento sobre el fondo. El tribunal estuvo integrado por las juezas Alejandra Cárdenas Reyes y Claudia Salgado Levy, con voto salvado del juez Jhoel Escudero Soliz. La Corte notificó a la Asamblea Nacional, a la Presidencia y a la Procuraduría General del Estado, que disponen de 15 días para presentar sus argumentos. El pulso legal queda abierto y el sector portuario atento a los próximos pasos.