Tras un año de estados de excepción, la Corte Constitucional concluyó que no han servido para reducir la violencia y ordenó la creación de un comité interinstitucional. Este grupo deberá diseñar y ejecutar políticas de seguridad con participación del Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Consejo de la Judicatura. La Corte también declaró inconstitucional el "conflicto armado interno" como justificación para estos decretos, algo que el Gobierno ha intentado sin éxito desde abril del 2024. Además, excluyó al cantón La Troncal y a las cárceles del estado de excepción por falta de justificación. Los jueces criticaron la falta de un plan real para combatir la inseguridad y afirmaron que la violencia no solo persiste, sino que se agrava. El dictamen se aprobó con seis votos a favor y tres en contra. El comité deberá reunirse cada dos meses en la Corte Constitucional para evaluar avances.