La quinta ley económica urgente del Gobierno de Daniel Noboa ya fue publicada en el Registro Oficial. Se trata de la Ley de Sostenibilidad y Fortalecimiento Crediticio, vigente desde el 1 de octubre. Tras su aprobación, empezaron a llegar demandas de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Este miércoles 8 de octubre acudió el Frente Nacional por un Nuevo IESS, que agrupa a jubilados públicos y privados.

Luis Mazón, miembro del colectivo, rechazó la venta de cartera vencida a entidades financieras privadas. Aseguró que se pretende usar recursos del IESS para financiar el Presupuesto del Estado de 2025 y 2026. Para Mazón, vender cartera es igual a privatizar la seguridad social. La iniciativa ingresó a la Asamblea con carácter económico urgente y fue aprobada el 26 de septiembre. El voto llegó de ADN, algunos independientes y parte de los exPachakutik.

Sobre la norma, el catedrático Augusto de la Torre advirtió que persiste una confusión sobre la naturaleza de un fondo de pensiones y el rol del Biess. Recordó que la única obligación del Biess es pagar pensiones a los jubilados, por lo que adquirir nuevas deudas carece de sentido. De la Torre coordinó en 2023 la comisión para la reforma del sistema de pensiones del IESS. Henry Llanes, presidente del Frente, aseguró que la vigencia de la ley pone en serio riesgo de colapso al IESS. Alertó que obligar al Banco del IESS a endeudarse sería terrible y que para ello tendría que poner como garantía millones en activos.

Un día antes, el 7 de octubre, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores y jubilados del magisterio también llegaron a la Corte. Su objetivo fue demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento Crediticio. El representante de profesores retirados, Alfonso Yánez Montero, sostuvo que detrás de la norma estaría la intención de tomar recursos del IESS para el funcionamiento del Gobierno. La UNE pidió que la Corte revise la disposición constitucional que establece que los recursos del IESS no pertenecen al fisco. Otras organizaciones anunciaron nuevos reclamos en los próximos días. Hasta ahora, la Corte Constitucional no ha informado si admitió las demandas presentadas.