El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el 12 de septiembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 119, mediante el cual concedió el indulto presidencial a María Rebeca Morocho Sisalema, sentenciada por el delito de estafa y privada de libertad desde junio de 2024 en el Centro de Privación de Libertad de Chimborazo. Morocho fue condenado a cinco años de cárcel, a pagar una reparación de 3.000 dólares a la víctima y una multa equivalente a 12 salarios básicos, tras ser declarada culpable de engañar a otra persona en un caso de estafa. La Corte Nacional de Justicia inadmitió su recurso de casación, y posteriormente la Corte Constitucional reconoció vulnerado su derecho a la defensa, ordenando que se resolviera su recurso pendiente. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Morocho demostró buena conducta durante su tiempo en prisión, no cometió faltas disciplinarias y ofreció disculpas públicas a la víctima tras pagar la reparación económica. El indulto presidencial, basado en el artículo 74 del COIP, permite que la sentenciada cumpla con las sanciones económicas pero reciba una segunda oportunidad para reintegrarse a la sociedad, reflejando la aplicación de principios de justicia restaurativa que valoran el arrepentimiento y la reparación del daño causado. Esta medida marca un precedente en el manejo de indultos presidenciales, equilibrando la sanción legal con la posibilidad de rehabilitación.