El escándalo conocido como Narcotentáculos sigue sacudiendo al sistema judicial en Manabí. Este 19 de junio, el Consejo de la Judicatura anunció la suspensión de cinco funcionarios judiciales. Las sanciones llegaron tras operativos de allanamiento en Chone, Manta, Portoviejo y Montecristi. Durante los allanamientos se encontraron fajos de dinero, documentos y dispositivos electrónicos. Entre los implicados está la presidenta de la Corte Provincial de Manabí, Mayra Roxana Bravo. También fueron suspendidos dos jueces, un secretario judicial y un ayudante. Uno de ellos habría recibido hasta mil dólares por gestionar medidas cautelares. Otro es acusado de ofrecer ayuda a cambio de pagos para manipular procesos disciplinarios. Todos los implicados estarían conectados con testimonios del caso Plaga. Se los señala por favorecer a procesados usando recursos judiciales de forma ilegal. Uno de los jueces, Vicente Pico Lozano, habría pactado liberaciones en reuniones privadas. La presidenta Bravo habría ofrecido ayuda para eliminar un expediente, iniciando con USD 1.500. El juez Hermes Zambrano es acusado de pedir favores en procesos constitucionales. El secretario Cedeño Loor fue señalado como pieza clave en la tramitación de medidas cautelares pagadas. Mientras que el ayudante judicial Figueroa Zambrano asistía a reuniones para liberar a detenidos. La Judicatura confirmó que todos incurrieron en una falta disciplinaria gravísima. Se trata de aceptar dinero, favores o servicios que comprometen su imparcialidad. Como castigo, los cinco fueron suspendidos sin sueldo durante tres meses. La medida busca evitar que interfieran en las investigaciones. La Fiscalía continúa rastreando posibles vínculos con redes criminales. Este caso genera más dudas sobre la limpieza del sistema judicial ecuatoriano. El país observa con atención qué más saldrá a la luz en los próximos días.