Este fin de semana, Ecuador se enfrentó a uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad penitenciaria. Con la coordinación de Policía y Ejército, el país logró sofocar motines simultáneos en siete cárceles diferentes, liberando a más de 150 rehenes que habían sido capturados por los presos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el sábado 13 de enero de 2024, la liberación de todos los rehenes, marcando el final de una semana de tensión y violencia. Las cárceles afectadas incluyen las de Esmeraldas, Latacunga, Ambato, Cuenca, Azogues, Loja y Machala. Esta situación surgió tras una ola de violencia criminal que comenzó el 9 de enero, con atentados y actos de intimidación por parte de grupos armados.

En total, fueron 178 los rehenes capturados, entre guardias y personal administrativo. Aunque la liberación se realizó gradualmente, el fin de semana se consiguió la liberación del resto. Sin embargo, el conflicto se cobró la vida de al menos cuatro personas, incluido un guardia y tres presos.

En Esmeraldas, la liberación de 11 guardias fue pacífica, gracias a la mediación de la Iglesia. En Ambato, las Fuerzas Armadas intervinieron para liberar a 13 guardias retenidos. En Cuenca, se anunció la liberación de todo el personal

retenido en la cárcel de Turi, donde los presos se habían encaramado a los techos de los pabellones.

La Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador, ubicada en Guayaquil, también vivió momentos de tensión con una fuga de seis reclusos, de los cuales dos fueron recapturados. Este incidente llevó a la detención de un guardia carcelario bajo sospecha de favorecer la evasión.

Paralelamente, la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron un registro en la casa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda criminal ‘Los Choneros’, fugado de la Cárcel Regional de Guayaquil. Este operativo es parte de la respuesta del gobierno al terror vivido por los ecuatorianos, que incluyó secuestros, asesinatos, y ataques a medios de comunicación.

La eficaz acción de las autoridades ecuatorianas en esta crisis carcelaria representa un importante paso en la lucha contra la violencia y el crimen organizado, demostrando la capacidad de respuesta y la determinación del gobierno para restaurar el orden y la seguridad.