En un giro inesperado, un juez ha dejado en manos de la Asamblea Nacional la decisión de abrir un nuevo juicio contra el exvicepresidente Jorge Glas, acusado de presunto peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. Esta acción judicial ha sido catalogada por la Fiscalía General del Estado como “innecesaria y dilatoria”, argumentando que Glas, al no ser un funcionario en funciones, no debería requerir tal autorización.

El magistrado Luis Rivera, en una medida controvertida, ha enviado la solicitud a la Asamblea Nacional para que autorice o no el enjuiciamiento de Glas, quien recuperó su libertad el año pasado tras cumplir cinco años de cárcel por corrupción. Este pedido ha reavivado debates sobre la independencia judicial y la politización de la justicia en Ecuador.

La Fiscalía ha recordado un precedente similar con el expresidente Correa en 2018, donde la Asamblea Nacional declaró improcedente una solicitud similar. Glas ya enfrenta condenas previas por cohecho y asociación ilícita, pero reivindica su inocencia, especialmente después de que la Justicia brasileña anulase pruebas clave en el caso Odebrecht.

El caso no solo se centra en Glas sino que también pone en el foco al juez Rivera, quien previamente había sobreseído el caso ‘Helicópteros Dhruv’ y demorado otros procesos importantes, como el caso ‘Independencia Judicial’. Estas acciones han generado críticas sobre su manejo de casos de alto perfil, especialmente aquellos relacionados con corrupción.