La decisión del Presidente #DanielNoboa de eliminar la #tabladeconsumo de drogas incluye disponer a los Ministerios del Interior y al de Salud, el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que incluye escalas para regular las cantidades de droga, ahora enfrenta un vacío normativo. La constitucionalista Verónica Hernández advierte que la ausencia de una normativa secundaria podría traer consigo serios problemas. Según Hernández, la eliminación de la tabla no resolverá los problemas asociados al narcotráfico y las adicciones, sino que podría complicar la situación.

Ante esta nueva realidad, los jueces ecuatorianos deben valorar todas las pruebas presentadas en los casos de drogas. Esto incluye el historial clínico de la persona, testimonios, e incluso, si han asistido a clínicas de rehabilitación. Hernández enfatiza que la responsabilidad recae ahora en el criterio judicial, más que en una tabla preestablecida.

La Constitución de Ecuador considera las adicciones como un problema de salud pública y prohíbe la sanción penal para quienes las padecen. Esta perspectiva coloca a los jueces en una posición crucial para equilibrar la justicia con la comprensión de la salud pública.