El Gobierno de Daniel Noboa, a través de Franklin Erreyes Tocto, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ha presentado una denuncia penal que sacude las estructuras políticas y empresariales de Guayaquil. La denuncia apunta contra Aquiles Álvarez, actual alcalde de la ciudad, y sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez, este último presidente de Barcelona S.C., por un presunto comercio irregular de combustibles.

La compañía en el centro de la controversia, Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A., de la cual los hermanos Álvarez son principales accionistas, junto con Fuelcorp S.A., presidida por César Ibáñez, están acusadas de comercializar productos hidrocarburíferos sin la debida autorización. Esta situación fue detectada tras una revisión que destacó diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador EP y el facturado por estas estaciones de servicios.

Las implicaciones de esta denuncia son extensas, dado que también se menciona una supuesta venta de combustibles a contribuyentes sin registro adecuado, sugiriendo un esquema de contrabando bien estructurado que aprovechaba los subsidios estatales a combustibles, recientemente eliminados por el gobierno con el fin de combatir precisamente estos abusos.

Este caso se destapa en un contexto de tensión política, donde previamente el alcalde Álvarez y el presidente Noboa intercambiaron acusaciones relacionadas con la administración y financiamiento de proyectos de infraestructura en Guayaquil. La eliminación de los subsidios a la gasolina y la acusación directa a empresas relacionadas con figuras políticas locales revelan una lucha intensa contra el contrabando de combustibles, que ha sido una fuente de corrupción y desvío de recursos en el país.