El Ballet Nacional de Cámara (BEC), ha estado recibiendo fondos públicos desde 1994. Un informe de la Contraloría entre 2006 y 2009 destacó severas anomalías en la gestión de estos fondos, señalando una total falta de transparencia y documentación adecuada que impide verificar la aplicación correcta de los recursos. Estos problemas administrativos llevaron a un uso indebido de los fondos, gestionados exclusivamente por el director del BEC, con gastos no relacionados con la operación de la entidad.

En 2017, la administración de Camilo Restrepo en la Casa de la Cultura y el entonces ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, intentaron reformar estos convenios, pero el manejo de los fondos siguió siendo cuestionado. Finalmente, en 2021, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el BEC decidieron mutuamente terminar el convenio, pero no sin controversias, ya que la terminación incluyó un último desembolso de $700.000 para garantizar los derechos de los trabajadores de la cultura.

Tras la terminación del convenio, el BEC tomó medidas legales contra la Casa de la Cultura. Adicionalmente, la Casa de la Cultura y otros entes estatales han llevado el caso ante la corte y la Contraloría General del Estado para una revisión exhaustiva de los recursos estatales gestionados por el BEC desde 2018 hasta 2021. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se mantiene firme en su compromiso con la transparencia y la correcta utilización de los fondos públicos, buscando llevar el caso a las últimas consecuencias para evitar la impunidad en casos de corrupción y asegurar un manejo justo de los recursos culturales.