El Observatorio de Control Ciudadano ha solicitado al juez electoral Fernando Muñoz que emita su veredicto en la denuncia por presunta infracción electoral grave contra los consejeros titulares y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), conocidos como la Liga Azul. Este grupo está integrado por los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, junto a los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, quienes han sido señalados por realizar proselitismo bajo la sombra del movimiento político Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa.

Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio, destacó que han transcurrido 27 días desde la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el 7 de agosto, sin que se haya emitido un pronunciamiento oficial. La falta de acción ha generado inquietud en la sociedad civil, que exige una respuesta pronta por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

“Entendiendo la crisis institucional interna que atraviesa el TCE, solicitamos que esta situación no afecte la sustanciación de la presente causa”, afirmó Jaramillo en su petición. Esta declaración subraya la preocupación de que los problemas internos del tribunal puedan retrasar aún más la resolución de un caso que tiene implicaciones significativas para la integridad del proceso electoral en el país.

La denuncia contra los integrantes de la Liga Azul se centra en acusaciones de proselitismo, una actividad prohibida para los candidatos al Cpccs según las normativas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se alega que los consejeros utilizaron su cercanía con la Revolución Ciudadana para promocionarse, lo cual contraviene las reglas establecidas para mantener la neutralidad política en el proceso de elección de los miembros del Cpccs.

El caso ya tiene un precedente, cuando el juez Muñoz sancionó a Alembert Vera, exmiembro de la Liga Azul y expresidente del Cpccs, retirándole sus derechos políticos y multándolo por la misma infracción. Este antecedente ha aumentado la expectativa sobre el fallo que Muñoz debe emitir en relación con los actuales consejeros.

La presión sobre el tribunal aumenta, ya que la decisión del juez Muñoz no solo afectará a los acusados, sino que también sentará un precedente en la lucha contra el uso indebido de influencias políticas en organismos que, por su naturaleza, deben mantenerse al margen de los partidos y movimientos políticos. La sociedad ecuatoriana, representada por el Observatorio de Control Ciudadano, espera que el veredicto sea emitido con prontitud y que se haga justicia en un caso que pone en jaque la credibilidad del Cpccs.