La crisis energética en Ecuador ha forzado al gobierno a buscar soluciones rápidas. Una de ellas es la reciente propuesta de ley que permite la participación del sector privado en la generación de electricidad. Sin embargo, especialistas advierten que la medida podría quedarse corta si no se implementan cambios estructurales adicionales.

El proyecto de ley permite a empresas privadas generar entre 10 y 100 megavatios sin necesidad de pasar por un proceso público de selección, lo que busca agilizar la inversión en el sector. No obstante, dos expertos consultados coinciden en que esto, por sí solo, no garantiza la llegada de interesados. Un ejemplo de ello es que, en el pasado, proyectos con la capacidad de 10 megavatios no despertaron mayor interés entre los inversionistas.

La ley, ¿solo un parche?

Para los analistas, el problema principal radica en que esta ley puede convertirse en un "parche" más, como lo han sido otras reformas en el pasado. Según la Constitución de 2008, el Estado tiene la posibilidad de delegar de manera excepcional sectores estratégicos como la electricidad a la iniciativa privada. Sin embargo, el monopolio estatal sigue predominando en la generación eléctrica, y las reformas no han sido suficientes para incentivar al sector privado.

Una de las mayores barreras es la estructura de tarifas. Actualmente, el Estado no recibe tarifas que cubran el costo total de las inversiones realizadas en infraestructura. Jorge Hidalgo, consultor en el tema energético, señala que empresas que firmaron contratos para vender electricidad al Estado en promedio por 7 centavos el kilovatio hora, enfrentan problemas al momento de cobrar a las distribuidoras, que solo recaudan 3 centavos. Este desajuste tarifario desalienta la participación de inversionistas privados, que no ven garantías de rentabilidad en el negocio.

Tarifas y falta de incentivos

Los especialistas advierten que, si el Estado no revisa la estructura tarifaria y los incentivos, la iniciativa privada continuará siendo mínima. A pesar de la apertura para que empresas generen entre 10 y 100 megavatios, el interés no aumentará si las condiciones económicas no son favorables. "El gran problema es que alguien debe cubrir ese diferencial en las tarifas, y hasta ahora no hay claridad de quién lo hará", explica Hidalgo.

Por el momento, la Comisión de Desarrollo de la Asamblea está recibiendo a especialistas para analizar el proyecto de ley. El objetivo es entregar un informe que corrija y amplíe los incentivos para hacer más atractiva la propuesta al sector privado. El primer debate en el pleno se espera para los próximos días, y las expectativas están centradas en que se logren los correctivos necesarios para evitar que esta ley sea solo otro parche temporal.

Futuro incierto

La crisis energética en Ecuador ha generado una urgente necesidad de soluciones a largo plazo. Si bien la iniciativa privada podría aliviar parte de la carga, es crucial que la nueva ley incluya cambios en las tarifas, así como estudios que determinen los límites de generación para garantizar que las inversiones sean sostenibles. Mientras tanto, el país sigue enfrentando apagones y una demanda energética que continúa en aumento, sin respuestas claras para el corto y mediano plazo.