En un giro impactante para la Administración Pública, la Contraloría reveló que Sebastián Corral, nombrado por el expresidente Guillermo Lasso como secretario general, estaba inhabilitado para ejercer dicho cargo. Corral, quien anteriormente había sido embajador en el Reino Unido, se encontraba en conflicto de intereses al ser accionista de empresas con contratos estatales.

El informe detalla que Corral poseía acciones en dos compañías, Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., ambas con contratos con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Estos contratos, vigentes desde 2005 y 2012 respectivamente, violaban las disposiciones constitucionales que prohíben a funcionarios públicos mantener vínculos comerciales con el Estado.

Aunque Corral argumentó que la fecha de suscripción de los contratos no afectaba su elegibilidad para el cargo en 2023, la Contraloría desmintió esta afirmación y recomendó una revisión más exhaustiva de los antecedentes de los funcionarios antes de su nombramiento.

El expresidente Lasso, por su parte, se defendió afirmando que no le correspondía verificar la elegibilidad de los nominados, lo cual fue refutado por la Contraloría, que recordó la obligación constitucional del presidente de garantizar el cumplimiento de la ley.

Este escándalo aún no concluye, ya que la Contraloría anunció que el proceso relacionado con Corral sigue en curso, dejando en suspenso el futuro del exsecretario y planteando interrogantes sobre los procedimientos de nombramiento en el gobierno.