Una noche de tensión se vivió en Tena, capital de Napo, el jueves 12 de diciembre, cuando manifestantes indignados tomaron la Gobernación como medida de protesta contra la construcción de una cárcel en Archidona.

Decenas de personas, armadas con palos y lanzas, rompieron el cerco de seguridad y derribaron las vallas metálicas. Entre gritos de “¡Se ve, se siente, Napo está presente!” exigieron la suspensión inmediata del proyecto.

El Gobierno Nacional adjudicó la obra por $52 millones a la misma empresa que construye una cárcel en Santa Elena, lo que avivó la indignación local. Este proyecto forma parte del modelo carcelario impulsado por el presidente Daniel Noboa.

En redes sociales, la Confeniae anunció que, tras 10 días de paro, las comunidades amazónicas radicalizarían las medidas si el Gobierno no responde a sus demandas. Según líderes, la prisión no cuenta con consulta previa, como lo exige la Constitución.

El líder de la Conaie, Leonidas Iza, criticó duramente la adjudicación del contrato y advirtió que no cederán ante la imposición gubernamental. La Asamblea Nacional también intervino, aprobando una resolución para pedir al presidente Noboa detener la obra.

La prisión, que promete ser una de las más grandes del país, enfrenta un rechazo masivo de las comunidades indígenas, quienes aseguran que afectará su territorio y la paz social.

En Archidona, el bloqueo de vías es constante y la tensión sigue en aumento. Las organizaciones insisten en que el proyecto debe ser consultado y consensuado con las comunidades afectadas.

El Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los incidentes ocurridos en Tena ni sobre los llamados a frenar el proyecto.

La Conaie dejó en claro que las movilizaciones continuarán mientras no se detenga la construcción. En tanto, la ciudadanía de Napo sigue alzando su voz contra la megacárcel.