Este 29 de julio de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa presentó un nuevo proyecto de ley urgente que podría cambiar las reglas para miles de fundaciones y ONG en Ecuador. La propuesta se llama Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales y busca poner orden en más de 70.000 organizaciones sociales. El proyecto plantea que todas las fundaciones, corporaciones, ONG y organizaciones sin fines de lucro estén bajo vigilancia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Esto aplicará tanto a entidades nacionales como extranjeras. Las que no cumplan las reglas podrían ser sancionadas, suspendidas o incluso disueltas. Las fundaciones deberán entregar un informe público anual con ingresos, egresos, proyectos ejecutados y hasta evaluaciones de impacto. Además, tendrán que implementar sistemas internos de auditoría, análisis de riesgos y códigos de ética. Si no se registran en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS), no podrán operar. También estarán obligadas a publicar en sus sitios web estatutos, nombres de sus directivos, informes financieros auditados y hasta sus fuentes de financiamiento. Quienes usen los fondos para otros fines o impidan los controles podrían enfrentar sanciones. Aunque la ley deja claro que no se podrán usar estos controles como persecución política, también da luz verde para congelar fondos si hay indicios de delitos como lavado de dinero. La Unidad de Análisis Financiero podrá inmovilizar fondos hasta por ocho días y, si un juez lo aprueba, mantener el congelamiento. En casos extremos, los recursos irían a una cuenta controlada por el Estado. Las ONG tendrán seis meses para adaptar sus procesos si la ley entra en vigencia. Si incumplen, podrían perder su personería jurídica. El Gobierno dice que busca transparencia, pero algunos sectores creen que se puede abrir la puerta a control excesivo.