Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, pidieron este jueves respaldo ciudadano, luego de que la Corte Constitucional suspendiera parcialmente las leyes de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia. En un video difundido en redes sociales, Loffredo afirmó que la Corte debe escuchar el clamor popular y devolverles las herramientas legales para garantizar la seguridad. Reimberg agregó que no se debe permitir que les quiten “el arma más importante” para ganar la guerra contra la delincuencia: las leyes. Este pronunciamiento llega un día después de que el presidente Daniel Noboa convocara a la ciudadanía a una marcha pacífica frente a la Corte Constitucional el próximo martes 12 de agosto. La tensión entre el Ejecutivo y la Corte ha llegado a tal punto que incluso organismos internacionales han manifestado preocupación por una posible interferencia entre funciones del Estado. La suspensión parcial de las leyes será revisada y definida por el pleno de la Corte una vez que se resuelvan las demandas de inconstitucionalidad presentadas. En medio de este escenario, en la intersección de las avenidas Ladrón de Guevara y 12 de Octubre, en Quito, apareció una pantalla publicitaria con un mensaje encendido: “¡La Corte suspendió artículos clave para la seguridad de todos los ecuatorianos! ¿El resultado? 37 muertes violentas registradas desde el 4 de agosto de 2025”. La ubicación de esta valla no es casual: la zona tiene alto tráfico peatonal y vehicular, y está rodeada de entidades públicas, empresas privadas y tres universidades. El mensaje ha generado reacciones encontradas, con quienes lo ven como un llamado legítimo y quienes lo consideran presión directa a la Corte. El gobierno insiste en que la seguridad está en juego, mientras la Corte mantiene que actúa en el marco de la Constitución. La convocatoria a la marcha se perfila como un nuevo capítulo en esta confrontación. Noboa espera que la ciudadanía acuda en masa para respaldar su postura. Los ministros, por su parte, aseguran que sin esas leyes la lucha contra el crimen queda debilitada. La respuesta ciudadana se medirá en las calles el 12 de agosto.