El Gobierno repitió que no dialogará ni dará marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel. La Conaie mantiene un pliego de nueve puntos que pide derogar el Decreto 126. Ese pliego también reclama bajar el IVA y liberar a los 12 procesados ​​en Otavalo. Desde Carondelet, la vocera Carolina Jaramillo dijo que los recursos del subsidio fueron redirigidos a programas sociales. Mencionó el Bono Raíces para 83 000 familias, 10,5 millones para transportistas y la entrega de 140 tractores, 39 para mujeres.

El Ejecutivo denunció ataques a un convoy humanitario en Imbabura y la retención de 17 militares. Con ese enfoque, el conflicto se presenta como un asunto de orden y seguridad. La Conaie negoció vínculos con mafias y denunció represión en Cotacachi. Su presidente, Marlon Vargas, responsabilizó al Gobierno por la muerte de un comunero y llamó a sostener la movilización. El pliego indígena también rechaza la minería, la consulta popular y la Constituyente. Con esas condiciones, la distancia con el Ejecutivo se agranda y un acuerdo inmediato luce lejano. La Corporación Participación Ciudadana propuso abrir un proceso de diálogo con mediación de actores con legitimidad social, como la Iglesia. La organización pidió reducir tensiones y buscar salidas que combinen demandas sociales con las necesidades fiscales.

Para el analista José Luis Fuentes, de la UDLA, las posiciones están muy separadas y el problema viene del deterioro de la vida rural desde 2015. Recordó que la pobreza rural ya detonó los paros de 2019 y 2022 y que se requieren compensaciones estructurales. El analista Pablo Romero advirtió que la narrativa oficial sobre financiamiento ilegal cierra el margen para negociar. Agrega que la militarización y los estados de excepción profundizan la desconfianza y que otros sectores inconformes no están en la mesa. La estratega Olga Cavallucci señaló que el conflicto opera en lógica de suma cero y pidió pasar a intereses comunes como empleo, abastecimiento y estabilidad. También planteó que el diálogo solo será posible con reglas claras, mediación legítima y un mecanismo que verifique compensaciones reales para la ruralidad.