La madrugada del 31 de agosto de 2024, el sector Los Laureles, en Panguintza Alto, provincia de Zamora Chinchipe, fue escenario de un crimen que ha conmocionado a la comunidad y al país entero. La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía, realizó el levantamiento del cuerpo sin vida de una niña de 11 años, quien presentaba evidentes signos de incineración. Este acto atroz ha llevado a la detención y procesamiento de Alonso C., de 63 años, abuelo materno de la víctima, como principal sospechoso.

El caso ha generado gran indignación, ya que el abuelo de la menor ha sido acusado de presunto femicidio y violación incestuosa, cargos por los cuales un juez ha dictado prisión preventiva. Según las investigaciones, el crimen se habría cometido bajo circunstancias de violencia extrema, y tras el hecho, el presunto autor intentó incinerar el cuerpo para ocultar el delito. Este macabro suceso ha sido calificado como uno de los crímenes más impactantes registrados en la provincia en los últimos años.

El levantamiento de pruebas en el lugar del crimen fue realizado por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), junto con peritos de Criminalística. Durante este proceso, se recogieron diversas evidencias, incluyendo muestras de ADN y una roca que podría estar vinculada al ataque. La Fiscalía, en conjunto con la Policía, continúa las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen y determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió.

El delito de femicidio en Ecuador está tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece penas de veintidós a veintiséis años de prisión para quienes, por razones de género y en un contexto de violencia, den muerte a una mujer. En este caso, el presunto culpable, un familiar cercano de la víctima, enfrenta no solo la acusación de femicidio, sino también la de violación incestuosa, lo que agrava aún más la situación jurídica y moral que rodea este lamentable suceso.

La comunidad de Zamora Chinchipe y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han expresado su repudio ante este crimen, exigiendo justicia rápida y contundente. Este caso se suma a la larga lista de feminicidios en el país, evidenciando la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención para evitar que más mujeres y niñas sean víctimas de violencia extrema.