La inseguridad en este 2025 ha alcanzado 1.683 asesinatos, donde el 95,3% de los casos es por violencia criminal, y 9 de cada 10 fueron con armas de fuego. Este número proyecta un posible récord histórico si la tendencia persiste. Desde una perspectiva técnica, esta crisis evidencia fallos estructurales en el sistema de seguridad y muestra consecuencias devastadoras si no se controla de manera progresiva y efectiva.

El principal problema radica en la consolidación del crimen organizado, impulsado por el narcotráfico y la debilidad institucional. Grupos delictivos, como Los Choneros y Lobos, han expandido su territorio en provincias clave como Guayas y Manabí donde se concentran más del 60% de los homicidios. La “porosidad” de las fronteras, el control de cárceles como centros de operaciones criminales y la corrupción en sectores policiales y judiciales agravan el panorama. A esto se suma la falta de inversión en inteligencia y prevención, con un gasto en seguridad pública que no supera el 1.5% del PIB, insuficiente frente a todo esto.

Las consecuencias de no revertir esta tendencia son graves. La percepción de inseguridad (ya en 85% según encuestas de 2024) deteriora el tejido social y fomenta la migración, con un estimado de 200,000 ecuatorianos huyendo anualmente. Económicamente hablando, la violencia ahuyenta la inversión extranjera, que cayó un 15% entre 2022 y 2024, afectando al turismo, un sector clave que aportaba el 5% del PIB.

La falta de control paulatino tendrá un efecto exponencial, Cada mes sin intervención efectiva incrementa el poder de las redes criminales, dificultando su desmantelamiento. Modelos predictivos basados en tasas actuales demuestran que, de no actuar, los homicidios podrían superar los 10,000 en 2025, un 27% más que en 2023.

Implementar una estrategia multidimensional y fortalecer la inteligencia policial con tecnología de punta (análisis de datos y vigilancia satelital), aumentar la presencia estatal en zonas críticas y reformar el sistema penitenciario para cortar las operaciones criminales desde su origen. Sin estas medidas Ecuador enfrenta el riesgo de convertirse en un narcoestado perfectamente funcional, con implicaciones regionales que desestabilizarían aún más a nuestra región.