Una bomba sacude al sistema judicial ecuatoriano: la Contraloría General del Estado descubrió irregularidades en más de la mitad de las auditorías realizadas a jueces y fiscales. En total, se hicieron 108 exámenes especiales desde noviembre de 2023, de los cuales 106 son de jueces y solo 2 de fiscales. Las cifras revelan que los patrimonios no cuadran y hay movimientos sospechosos. A esto se suman otras 52 auditorías que todavía están en marcha. La noticia ya provocó reacciones desde el Gobierno. El Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) anunciaron que investigarán a todos los jueces y fiscales que dejen libres a criminales. El mensaje es claro: si se liberan delincuentes, habrá seguimiento a sus cuentas. Esta medida llega en medio de una cruzada estatal contra el crimen organizado. La Asamblea también ya aprobó leyes que sancionan a operadores de justicia que favorezcan a bandas. Además, se cambió el tratamiento legal para adolescentes que cometen delitos graves. Desde ahora, podrían ser juzgados como adultos. Otro cambio: ya no se aplicarán medidas sustitutivas contra policías y militares cuando usen la fuerza legalmente. El contralor Mauricio Torres aseguró que su gestión seguirá destapando estas irregularidades. La Contraloría también coordina acciones con otras entidades para frenar la corrupción judicial. En este contexto, el Ejecutivo busca reforzar la vigilancia financiera de quienes tienen poder en la justicia. El mensaje es contundente: el que libere a delincuentes, también será investigado.