Este fin de semana marcó un hito en la batalla por los derechos humanos en Ecuador. El juez de garantías penitenciarias de Guayaquil, Manuel Peña, emitió una sentencia histórica responsabilizando a las Fuerzas Armadas por atentar contra los derechos y garantías de siete presos en la Penitenciaría del Litoral. El fallo, resultado de un habeas corpus presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, evidencia las consecuencias de la intervención militar en las cárceles ecuatorianas.

En su dictamen, el juez ordenó medidas de reparación sin precedentes, incluyendo atención médica ininterrumpida, seguimiento de salud mental y una investigación exhaustiva de denuncias de agresiones y torturas por parte de la Defensoría del Pueblo. Además, exigió al Servicio de Protección a Personas Privadas de Libertad (SNAI) proporcionar elementos básicos de vida como colchones, agua potable y utensilios de aseo de manera inmediata.

Sin embargo, la decisión del juez ha generado controversia. Mientras que fuentes militares expresaron su malestar, asegurando que continuarán con las intervenciones en los centros de rehabilitación social del país, la abogada Lorena Grillo cuestionó la validez del fallo. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial, aunque se espera un pronunciamiento después del feriado.

Esta sentencia pone en relieve la delicada situación en las cárceles ecuatorianas y la necesidad urgente de garantizar los derechos humanos de los reclusos. La sociedad civil y las autoridades deben trabajar juntas para garantizar un sistema penitenciario justo y respetuoso de los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad.