El juez Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente peruano Martín Vizcarra. La decisión se tomó tras una audiencia pública. El fiscal Germán Juárez advirtió riesgo de fuga y peligro procesal. Vizcarra fue acusado de cohecho pasivo propio por presuntos pagos ilícitos vinculados a Lomas de Ilo y a la ampliación del Hospital de Moquegua. La Fiscalía señaló que los sobornos habrían sumado 2.3 millones de soles, equivalentes a 611,000 dólares. Según el caso, los hechos se remontaron a su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. Para Lomas de Ilo se registraron pagos de 400,000 soles y 600,000 soles en 2013 como supuestos préstamos de Obrainsa. En el Hospital de Moquegua la adjudicación habría quedado condicionada a 1.8 millones de soles. Una entrega final se realizó en 2016 cuando Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones. Exejecutivos de Obrainsa en colaboración eficaz corroboraron los pagos y recibieron sentencias por esos hechos. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional afirmó que existieron “fundados elementos de convicción”. El magistrado valoró la gravedad de la sospecha y la posibilidad de que el imputado eludiera a la justicia. Tras el fallo, el exmandatario fue llevado a la carceleta del Poder Judicial. Quedó a la espera de su ingreso al penal de Barbadillo. En ese penal también permanecieron Alejandro Toledo por lavado de activos y Pedro Castillo por un intento de golpe de Estado. El juez consideró débil el arraigo laboral y familiar de Vizcarra, al mencionar que su esposa Maribel Díaz y su hijo menor residían en otra ciudad. Además, un contrato con una empresa dirigida por su esposa fue calificado como “cuestionable”. El fiscal desestimó el arraigo basado en su actividad en Perú Primero para 2026, al indicar que no existía contrato de asesoría y que acumulaba tres inhabilitaciones del Congreso. Antes del pronunciamiento, Vizcarra dijo confiar en el Poder Judicial y calificó su situación como un “vía crucis”, mientras su abogado Erwin Siccha apeló y negó una reunión con ICCGSA en 2016. Siccha también defendió la legitimidad de los contratos laborales presentados. La Fiscalía pidió 15 años de cárcel y el juez recordó que la prisión preventiva buscó asegurar el proceso, en un país con casos de corrupción que la Contraloría estimó con pérdidas de 2,000 millones de dólares entre 2010 y 2020.