La noche del 4 de septiembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional reactivó el proceso de juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar, atendiendo a su solicitud de retomar la fiscalización en su contra. Salazar, acusada de incumplimiento de funciones, enfrenta dos pedidos de juicio político presentados por legisladores del correísmo, que han sido unificados en una sola causa para ser abordados por la Comisión de Fiscalización.

Este proceso había sido suspendido anteriormente el pasado 16 de mayo a petición de la propia fiscal, quien alegó que enfrentaba un embarazo de alto riesgo y no quería someterse al estrés del juicio en ese momento. Sin embargo, tras recibir el visto bueno de su médico, Salazar anunció el 19 de agosto que estaba lista para continuar con el proceso y lo calificó como un "narcojuicio", en referencia a las acusaciones en su contra.

Los pedidos de juicio político provienen de los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, ambos del correísmo, quienes acusan a la fiscal de incumplimiento de funciones en diversos casos. Entre las irregularidades señaladas están el manejo del proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, los retrasos en investigaciones como INA Papers y León de Troya, así como la falta de acción en los asesinatos de varios fiscales y la falta de fiscalización en el caso de los vacunados VIP durante la pandemia.

La Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, también del correísmo, será la encargada de avocar conocimiento del caso y realizar el proceso correspondiente. Este juicio político toma prioridad sobre otros procesos, como el juicio contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que se encuentra suspendido por una orden judicial.

Diana Salazar ha defendido su actuación en los casos mencionados y ha asegurado que las acusaciones en su contra son infundadas. En reiteradas ocasiones, ha señalado que estos procesos son una estrategia política para desestabilizar su gestión, en especial por los casos de corrupción que ha liderado en los últimos años. Además, ha contado con el respaldo de varias organizaciones y ciudadanos que destacan su lucha contra la corrupción en el país.

El proceso de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar se llevará a cabo en un contexto de polarización política en la Asamblea Nacional, lo que hace que este caso se siga de cerca por su impacto tanto en la justicia como en el panorama político de Ecuador.

La fiscalización y la transparencia son temas clave en este juicio, y las próximas semanas serán decisivas para conocer el desenlace de este caso, que podría marcar un precedente en el sistema de justicia ecuatoriano. Mientras tanto, la fiscal Salazar continúa desempeñando sus funciones mientras se enfrenta al escrutinio de la Asamblea Nacional.