La recién disuelta Asamblea Nacional ha dejado un legado de seis juicios políticos pendientes.

El primer juicio político pendiente involucra a los cinco miembros del CNE, acusados por los entonces legisladores de Pachakutik, Mario Ruiz y Joel Abad. La controversia gira en torno a la negativa del CNE a abrir las urnas en las elecciones de 2021, lo que supuestamente perjudicó a Yaku Pérez.

El segundo juicio es contra exministros del Interior y de la Mujer, además del exsecretario de Seguridad, acusados de supuestas omisiones en tres temas críticos: el femicidio de María Belén Bernal, las masacres en las cárceles y la gestión de las protestas de junio de 2022.

El tercer y cuarto juicio se centran en el exministro de Obras Públicas, Darío Herrera, acusado por incumplimiento de funciones relacionadas con el mal estado de las vías del país. Este tiene la particularidad de ser el cuarto juicio de la serie, con acusaciones similares por parte del exasambleísta José Chimbo.

El quinto juicio tiene como objetivo al exministro de Inclusión Social, acusado de retirar injustificadamente el bono de desarrollo humano a más de 1.200 personas. Finalmente, el sexto juicio involucra al vocal de la Judicatura y al entonces presidente de la misma, acusados de influir en el dictamen de un juez en un caso polémico.

Esta serie de juicios revela una crisis institucional profunda en Ecuador, desafiando la integridad y la eficiencia del sistema político y judicial del país.