Este miércoles 7 de agosto se inició la audiencia de apelación de prisión preventiva contra nueve acusados en el caso Purga, un escándalo de corrupción y delincuencia organizada que ha sacudido a Ecuador. La sesión se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia desde las 08:00, con la participación del fiscal General del Estado (s), Wilson Toainga.

Entre los acusados se encuentra la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola G., junto a otros ocho individuos que enfrentan cargos relacionados con actividades de delincuencia organizada. La audiencia, que busca revisar y potencialmente revocar la medida cautelar impuesta, es un paso crucial en el proceso judicial.

Hasta las 10:00, seis de los nueve solicitantes de apelación habían intervenido. Los abogados defensores argumentan que la prisión preventiva es excesiva y solicitan la liberación de sus clientes, alegando falta de pruebas suficientes que justifiquen la medida.

El caso Purga investiga una compleja red de corrupción que implica a altos funcionarios judiciales y políticos, revelada durante las investigaciones del caso Metástasis. Esta red se beneficiaba de la manipulación del sistema judicial, obteniendo ganancias ilícitas mediante la apropiación fraudulenta de terrenos y la obtención de indemnizaciones millonarias con documentos falsos.

En marzo de 2024, la Fiscalía llevó a cabo detenciones y allanamientos en varios lugares, incluyendo Samborondón y la Corte Provincial del Guayas. Entre los detenidos destacan el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta Fabiola G. Se descubrió que Muentes tenía una fuerte influencia en la selección de jueces y en la administración de justicia, permitiéndole manipular fallos judiciales a su favor.

Mayra Salazar, una trabajadora de la Corte cercana a Muentes, ha proporcionado un testimonio crucial que ayudó a desentrañar el funcionamiento de la red delictiva. Según la Fiscalía, esta red utilizaba su poder para facilitar actividades criminales y obtener beneficios personales.

La audiencia de apelación es un momento decisivo en el caso Purga, con los acusados esperando una revisión favorable de su situación legal. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de este caso, que promete seguir revelando detalles sobre la corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano.