En 2008, un tribunal de Quito ordenó la prisión preventiva del exministro Mauricio Pinto, papá de la actual vicepresidenta María José Pinto. En ese entonces, ella tenía solo 22 años. Lo acusaban de un supuesto delito tributario mientras dirigía la empresa de vuelos privados Club Vuelos Privados Vip. Según el fiscal Wladimir Jaya, Pinto había importado dos aviones para uso privado, pero luego los habría usado en vuelos comerciales, lo que violaría el permiso otorgado. Esta historia resurgió cuando el presidente Daniel Noboa dijo en su discurso de posesión que tanto él como su vicepresidenta compartían una experiencia común: la persecución del correísmo. Pinto fue ministro de Economía durante el gobierno de Sixto Durán Ballén y era crítico abierto del mandato de Rafael Correa. La investigación en su contra fue calificada como "ultra secreta" por su abogado Jorge Zavala, quien alegó que nunca se le notificó adecuadamente. Incluso se dijo que el proceso buscaba callarlo. La orden de prisión fue revocada solo un mes después. Además, antes de ese lío legal, el Ministerio de Trabajo lo había multado con 400.000 dólares por despedir a más de 100 trabajadores subcontratados, incumpliendo nuevas normas laborales impuestas por la Constituyente. Pinto explicó que los contratos eran a término y que actuó bajo criterio empresarial. Aunque el caso no pasó a mayores, dejó marcada a su familia. Hoy, su hija es la segunda autoridad del país.