La decisión de Aduana de bajar de cinco a tres litros el cupo de licor que puede ingresar cada viajero sin pagar tributos volvió a mover el debate sobre el mercado informal en Ecuador. La medida empezó a regir el 4 de mayo de 2026. El cambio aplica para viajeros por vía aérea. El nuevo límite ya aparece en la guía oficial del SENAE. Aunque el ajuste busca frenar el uso comercial irregular de ese beneficio, la discusión se abrió hacia un problema más grande. La Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador dijo que la restricción en aduanas es positiva. Pero el gremio remarcó que el contrabando sigue dominando buena parte del negocio. Según ADILE, el 75% del mercado de licores corresponde a botellas de contrabando o de fabricación ilegal. La asociación también asegura que el contrabando acapara el 85% del consumo de cigarrillos. Además, atribuye a ese comercio ilegal ingresos cercanos a USD 500 millones al año para grupos de delincuencia organizada.

Frente a ese escenario, Santiago Trejo, director ejecutivo de ADILE, puso sobre la mesa una rebaja del ICE. El dirigente sostiene que ese impuesto arrinconó a la industria formal. También afirma que empujó a parte del consumo hacia productos más baratos que entran sin control sanitario y sin pagar tributos. Desde su visión, bajar el ICE ayudaría a formalizar el mercado. ADILE cree además que esa decisión podría mejorar la recaudación fiscal. Trejo agregó que esos recursos servirían para financiar campañas de prevención y consumo moderado. Para el gremio, este ya no es únicamente un tema de impuestos. También lo ve como un problema de salud pública. Y lo relaciona de forma directa con la seguridad por el dinero que mueve el contrabando. Así, la industria licorera tomó la decisión de Aduana como un primer paso y ahora presiona para que el Gobierno abra la discusión sobre el ICE.